domingo, 10 de febrero de 2013

URGENTE: INFORMACIÓN DE LA CRAC-PC

COMPAÑEROS DIVERSOS.

EL DIA DE HOY, DIRIGENTES DE LA UPOEG, ENCABEZADOS POR EL CURA MARIO CAMPOS HERNANDEZ, CIRINO PLACIDO VALERIO Y APOLONIO CRUZ ROSAS, ACOMPAÑADOS DE ALREDEDOR DE 50 PERSONAS DE ALGUNAS COMUNIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNISUR, TOMARON LA CASA DE JUSTICIA DE LA CRAC EN SAN LUIS ACATLAN, MIENTRAS LA CRAC SESIONABA EN ASAMBLEA REGIONAL EN LA COMUNIDAD DE JOLOTICHAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, PARA PROCEDER AL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS COORDINADORES Y COMANDANTES REGIONALES QUE ESTARAN EN ESTA CASA DE JUSTICIA.

UNA DE LAS INCONFORMIDADES DE LOS DIRIGENTES DE LA UPOEG QUE ARGUYEN COMO MOTIVO PARA TOMAR LA CASA DE JUSTICIA, ES PORQUE LA CRAC CONVOCO A LA ASAMBLEA REGIONAL EN LA COMUNIDAD DE JOLOTICHAN, EN CONTRARIO A LA PROPUESTA QUE HICIERON LOS LIDERES DE LA UPOEG EN UNA PASADA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE CUANACAXTITLAN EL PASADO 20 DE ENERO Y QUE FUE ABORTADA PRECISAMENTE POR LA ABIERTA PROVOCACION DE LAS PERSONAS QUE ACUDIERON CONVOCADAS POR LA UPOEG. EN ESA OCASION, ELLOS PROPUSIERON QUE ESTA ASAMBLEA REGIONAL DEL DIA DE HOY SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON, DONDE ES PRESIDENTE DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES EL C. APOLONIO CRUZ ROSAS, UNO DE LOS DIRIGENTES DE LA UPOEG EN LA REGION Y DETRACTOR DE LOS ACTUALES COORDINADORES REGIONALES DE LA CRAC.

PRECISAMENTE POR PREVENIR UNA CONFRONTACION CON LA UPOEG Y POR GARANTIZAR EL ORDEN EN LA ASAMBLEA REGIONAL DEL DIA DE HOY, EN PASADA REUNION DE COORDINADORES REGIONALES DEL DIA 28 DE ENERO, SE DECIDIO QUE ESTA ASAMBLEA REGIONAL SE LLEVARA A CABO EN JOLOTICHAN. A LA CUAL EL DIA DE HOY ARRIBARON 18 AUTORIDADES COMUNITARIAS Y AGRARIAS DE LA REGION DE SAN LUIS ACATLAN, DE UN TOTAL DE 28, POR LO QUE SE DECIDIO INSTALARLA LEGALMENTE Y TOMAR COMO VALIDOS LOS ACUERDOS QUE AHI SE ALCANZARON.

CON ESTA TOMA DE NUESTRA CASA DE JUSTICIA, SE CONSUMA UNA AGRESION DIRECTA EN CONTRA DEL SISTEMA COMUNITARIO, COMO YA LO HABIAMOS PREVISTO DESDE EL BOLETIN DE PRENSA QUE SE HIZO PUBLICO PARA DESLINDARNOS DEL LEVANTAMIENTO ARMADO EN LA REGION DE AYUTLA Y TECOANAPA; Y SE PONE EN GRAVE RIESGO EL PROYECTO DE LA CRAC DE CONSTRUIR PODER DEL PUEBLO DESDE EL PUEBLO.

ENTRE OTROS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL, ENUNCIAMOS LOS SIGUIENTES:

1. LA AMPLIACION DEL NUMERO DE COORDINADORES Y COMANDANTES REGIONALES EN LA CASA DE SAN LUIS, DE 4 A 6 COMPAÑEROS.
2.- QUE SE NOMBREN COORDINADORES REGIONALES Y COMANDANTES REGIONALES, EN COMUNIDADES EN LAS QUE NO SE HA NOMBRADO ANTES COMPAÑEROS PARA ESOS CARGOS. PROPONIENDOSE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: PARA COORDINADORES: RIO IGUAPA Y ARROYO CUMIAPA. POTRERILLO DEL RINCON Y TUXTEPEC. CAPULIN CHOCOLATE Y PLAN DE AYALA. PARA COMANDANTES REGIONALES: CUANACAXTITLAN Y RIO IGUAPA. PASCALA DEL ORO Y ASERRADERO. ZOYATLAN Y JOLOTICHAN. EN EL ENTENDIDO QUE SERIAN DE DOS COMUNIDADES MIXTECAS, DE DOS TLAPANECAS Y DE DOS MESTIZAS, EN EL ORDEN DESCRITO
3.- CONVOCAR A UNA SIGUIENTE ASAMBLEA REGIONAL EL PROXIMO 23 DE FEBRERO DEL 2013, EN SAN LUIS ACATLAN, EN LA QUE SE RATIFICARAN LOS NOMBRAMIENTOS DE COORDINADORES Y COMANDANTES REGIONALES DE LAS 4 CASAS DE JUSTICIA. (SAN LUIS ACATLAN, ZITLALTEPEC, ESPINO BLANCO Y EL PARAISO)
5.- NO PARTICIPAR MAS CON NINGUNA REPRESENTACION EN LA COMISION DE ARMONIA Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, MIENTRAS NO SE ANALICE A FONDO EN LA SIGIUENTE ASAMBLEA REGIONAL.
6.- RECHAZAMOS EL DECRETO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, CON EL QUE SE PRETENDE REGULAR LA POLICIA COMUNITARIA PUES LO CONSIDERAMOS VIOLATORIO DEL ARTICULO 2 Y 39 CONSTITUCIONALES QUE HAN DADO SUSTENTO A NUESTRO SISTEMA COMUNITARIO, ASI COMO DEL CONVENIO 169 DE LA OIT. EN ESE SENTIDO, LLAMAMOS A UN GRAN ENCUENTRO ESTATAL EN DEFENSA DEL SISTEMA COMUNITARIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, PARA EL PRÓXIMO 17 DE FEBRERO DEL 2013, EN SAN LUIS ACATLAN. EXIGIMOS RESPETO A NUESTRA INSTITUCIÓN COMUNITARIA.

LUEGO DE CONOCER LA TOMA DE LA CASA DE JUSTICIA, EN LA ASAMBLEA REGIONAL SE NOMBRO UNA COMISION PARA DIALOGAR CON LOS PLANTONISTAS, QUIENES SE MANTIENEN EN PLAN DE DESCONOCER TODOS LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL, ASI COMO DE LOS ACTUALES COORDINADORES REGIONALES.

UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS BASICOS QUE INFORMARON LOS INCONFORMES, ES LA PRESENCIA Y PERMANENCIA EN LA CRAC DE PABLO GUZMAN HERNANDEZ (COORDINADOR REGIONAL) Y VALENTIN HERNANDEZ (ASESOR JURIDICO) A QUIENES ACUSAN DE "SUPLANTAR" A LAS AUTORIDADES INDIGENAS, ARGUYENDO QUE ESTOS COMPAÑEROS SON MESTIZOS Y ORIGINARIOS DE OTRAS REGIONES NO INCOPORADAS A LA CRAC. CABE INFORMAR QUE EL DIA DE AYER 8 DE FEBRERO, CIRINO PLACIDO VALERIO, ESTUVO DISTRIBUYENDO UNA "CARTA ABIERTA" DE 5 HOJAS EN LAS QUE EL TEXTO COMPLETO ES UNA SERIE DE DIFAMACIONES Y DESCALAIFICACIONES DE LOS CC. PABLO GUZMAN, VALENTIN HERNANDEZ Y GELASIO BARRERA.

POR LO QUE LES PEDIMOS ESTEN PENDIENTES DEL CURSO DE ESTE CONFLICTO QUE REPRESENTA UNA ESCALADA EN LAS AGRESIONES DE LA UPOEG AL SISTEMA COMUNITARIO.

martes, 5 de febrero de 2013

Articulo: CHIAPAS: Guerra Integral de Desgaste


Por: Iker Eguzkizaga (Miembro de LAB)
Desde el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de Enero de 1994 hasta hoy, la represión en Chiapas es una perfecta plasmación de esos manuales de contrainsurgencia que los centros de poder aplican sistemáticamente para intentar aniquilar cualquier iniciativa organizada de los pueblos que luchan por su derecho a la libre determinación.
El enfrentamiento armado entre el EZLN y el ejército mexicano apenas duro 12 días, porque la movilización de la sociedad mexicana obligó a iniciar un proceso de diálogo que desembocó en los Acuerdos de San Andrés en el año 1996. En dichos acuerdos se reconoce explícitamente los derechos de los pueblos indígenas para “desarrollar sus formas específicas de organización social, cultural, política y económica”; e incluyen, además, un compromiso para el reconocimiento institucional “del derecho a la autodeterminación ejercido en un marco de autonomía de los pueblos indígenas”. Aunque el gobierno, a pesar de estar negociando y a pesar del cese de la actividad armada del EZLN, no dejaba de intensificar su ofensiva militar en Chiapas contra las comunidades indígenas.
Pero ese compromiso del estado mexicano, quedó en nada cuando llego la hora de aprobar las leyes y las modificaciones del marco legal que darían vida a los acuerdos alcanzados en San Andrés. Todos los partidos, incluido el PRD, traicionaron lo pactado con los zapatistas en las mesas de negociación.
Ante ello el movimiento zapatista comienza a generar dinámicas unilaterales con el fin de crear espacios “autónomos” al margen del estado, ignorándolo como fuente de sus derechos.
Comienzan dinámicas de resistencia donde ejercen sus derechos sin pedir permiso al poder establecido: los derechos existen porque se ejercen, no porque se pacten. Ajenos al reconocimiento del estado comienzan a ejercer unilateralmente su derecho a la autonomía y la autodeterminación expresada como la capacidad para controlar y efectuar sus vidas diariamente. Desde sus limitaciones, están desarrollando prácticas efectivas de una insumisión radical al estado. Tanto en los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), como en las comunidades que se definen como Bases de Apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), rechazan y niegan cualquier intervención de estructuras “oficiales”. En esos territorios el Estado, simplemente, no existe. Y lo realmente interesante es que esos espacios “autónomos” se han conseguido como fruto de dinámicas unilaterales de auto-organización.
En este contexto es donde el Estado mexicano aplica esa Guerra Integral de Desgaste, con el fin de combatir la determinación de los pueblos indígenas. Las actuaciones del estado en Chiapas contra el movimiento zapatista y otros colectivos adherentes a La Otra Campaña se enmarcan en lo que se denomina Guerra de Baja Intensidad (GBI) y que en la región comenzó a llamarse como Guerra
P1000613Integral de Desgaste para enfatizar los efectos en la población indígena de la GBI. Es una guerra total: militar, política, económica, ideológica, psicológica e incluso religiosa. La represión directa de los aparatos militares y policiales del estado, se alterna con la aplicación de estrategias de contrainsurgencia: la creación y apoyo a grupos paramilitares, fomento de conflictos intracomunitarios, ayudas selectivas para recuperar la hegemonía del estado y fomentar las agresiones a las comunidades en resistencia ocultando la mano de los aparatos represivos, actividades de inteligencia y actuaciones legislativas, políticas y judiciales que buscan desarticular, o reducir, los colectivos en resistencia.
En esta realidad represiva es donde se enmarca la labor de las Brigadas Civiles de Observación (Bricos) organizadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), con sede en la ciudad chiapaneca de San Cristóbal de las Casas.
Este Centro de DDHH desarrolla una intensa labor en defensa de las comunidades indígenas amenazadas con el fin declarado de “fortalecer los procesos organizativos del pueblo excluido y organizado de Chiapas, en relación a la defensa y ejercicio de derechos humanos a través del ejercicio de los Derechos de los Pueblos indígenas y Derecho a la Justicia, generando condiciones de paz”.La inclusión de observadores en comunidades donde existe riesgo de violaciones de derechos humanos busca que la misma presencia de estos evite, en la medida de lo posible, dichas violaciones. Y en el caso que se den, documentarlas y reportarlas al Frayba.
Gracias al aval que me facilitó la Secretaría de Relaciones Internacionales de LAB, dicho Centro de DDHH me aceptó como integrante de una Brigada Civil de Observación durante 15 días en San Marcos Avilés, un ejido en los Altos de Chiapas perteneciente al municipio oficial de Chilón.
Es una pequeña comunidad en la montaña compuesta por unas 140 familias, de las cuales 30 (unas 180 personas) se declaran como Bases de Apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). El resto de las familias son “partidistas”, esto es, pertenecientes a partidos institucionales mexicanos; principalmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México
(PVEM). Y entre los partidistas, destacan más de 40 personas que conforman un grupo al que definen como “agresores”; estos es, paramilitares que ejercen una violencia constante contra las familias zapatistas.
Estas familias zapatistas fueron desalojadas violentamente de sus hogares por más de un mes a finales del 2010, y durante mis días entre ellos las agresiones en distintas formas seguían siendo continuas: ataques a cultivos, disparos intimidatorios, amenazas a ellos e incluso al grupo de observadores. En definitiva, represión buscando anular su voluntad de organizarse en torno a los valores de la vida
comunitaria y el derecho a ser dentro de un proyecto enfrentado al Estado. Al día de hoy, según informaciones del Frayba, la represión sobre las familias BAEZ de San Marcos se ha intensificado y el riesgo de un nuevo ataque masivo que les obligue a abandonar sus hogares es muy real.
La lucha de los indígenas de Chiapas no es solo por sus tierras, su forma de vida, su identidad o su derecho a autoorganizarse. Es una lucha por la dignidad de los pueblos y los pobres del mundo que gritan contra el capitalismo reivindicando “un mundo, donde quepan muchos mundos”.Y que con humildad dejan constancia que: “lento, pero avanzamos”

Gora Chiapas!!
Fuente: Euskal Herritik Mundura – Desde el Pais Vasco hacia el Mundo. Enero 2013. No. 6